Que alguien le explique al ministro. Por Ricardo Escobar

Cuando escribo estas palabras hay un revuelo por las cifras falsas entregadas por el Subsecretario de Pesca respecto de la captura de merluza, lo cual fue determinante en la aprobación de un cambio letal para la pesca industrial de esa especie.

Este es el último de una serie de “errores” inexplicables que han servido para justificar una decisión política, cueste lo que cueste: quitar a los pescadores industriales parte de los derechos que tienen hasta el año 2032 y dárselos gratuitamente el 2025 a los llamados pescadores artesanales. Sin pagar indemnización por ello, naturalmente (mi socio Jorge Bofill, contratado por una pesquera, tendrá ocasión de demostrar que eso es otro error).

Pero hay un costo, la cuota que la ley en trámite quitaría a los pescadores industriales y regalaría a los artesanales genera un forado de decenas de millones de dólares al Fisco, ya que si esas cuotas cambian de manos dejarán de pagar tributos y derechos de pesca.

Frente a esto el Ministerio de Economía inventó un sistema de subasta que buscaba que, además de sufrir la pérdida de parte de la cuota de pesca que ya tenían, las pesqueras industriales perdieran su derecho al crecimiento de las cuotas de pesca y terminaran pagando más impuestos y derechos. Esta genial idea fracasó en el Senado y, el miércoles pasado, en la comisión mixta del Congreso.

Vino entonces la desesperación al subsecretario de pesca y con su ministro comprometieron una idea aún más brillante. Pidieron plazo para llegar el lunes con un nuevo impuesto que se agregue a la ley.

Los jureles circulan por el océano Pacífico sin conciencia de fronteras territoriales, ni tratados entre Estados. Pescadores de diversas naciones los pescan y han pactado cuotas de captura para cada país. Como Chile está lejos y los jureles nadan también más allá de las 200 millas, hay cuotas de países como Nueva Zelanda u otros que aunque podrían venir a pescar allí, afuera de nuestra línea, prefieren vender el derecho que tienen a pescadores industriales chilenos, porque al precio que pactan les conviene.

Nuestro ministro Grau y su subsecretario vieron la oportunidad ¡cobremos un impuesto especial sobre lo que capturen pesqueros chilenos de cuotas de Nueva Zelanda o de donde sea y con eso tapamos el forado fiscal!

¿En serio piensan eso?

Dejando de lado cosas tales como que semejante impuesto no está ni de cerca en las ideas matrices del proyecto de ley, yendo al curso de introducción a la economía, se me ocurre que pueden estar en otro error más.

Los pescadores chilenos pagan el menor precio posible que pueden negociar con los dueños de las cuotas de Nueva Zelanda, los que a su vez venden porque les conviene más que venir a pescar cruzando el océano. El precio es alrededor de USD 300 la tonelada. Si el Estado de Chile le carga un impuesto como el que quieren recuperar, que es entre USD 80 y USD 300 la tonelada, obviamente los pescadores industriales tendrán que descontarlo del precio que puedan ofrecer a sus contrapartes extranjeras.

Usted ya vio el problema, es obvio. A un menor precio no se va a comprar la cantidad de cuotas extranjeras que hoy se transan. Si ese menor precio fuera posible ese sería el precio que hoy existiría. El equilibrio de oferta y demanda no es un accidente. A menores precios los pescadores de otros países ganan más viniendo ellos a pescar.

Entonces, alguien debiera explicar a los economistas del Ministerio de Economía que, si han hecho una ecuación del tipo PxQ, donde P es lo que piensan cobrar de impuesto y Q la cantidad de toneladas transadas con extranjeros, es probable que Q sea cercano a cero.

Si con eso piensan llenar el forado de recaudación de la brillante idea de quitar toneladas de pesca a quienes pagan impuestos por ellas y dárselas a quienes no los pagan, valdría la penar recordarles que multiplicar por cero resulta en cero.

Socio de Bofill Escobar Silva Abogados y exdirector del SII.

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