La Constitución y la política en el País de las Maravillas. Por Ricardo Escobar

Todos somos testigos en tiempo real del deterioro rápido de las instituciones que conforman la democracia más antigua y poderosa de occidente. Algo que pensábamos que era imposible de pronto se ve como un riesgo real. Y si eso ocurre en Estados Unidos, bien vale la pena mirar lo que ocurre en Chile, porque nuestra democracia también puede erosionarse si seguimos “avivándonos” con nuestras instituciones.

Seguramente usted vio la película o leyó el libro de Alicia en el País de las Maravillas y recordará la sonrisa del gato invisible. Cuando era niño lo que más me gustaba del mundo irónico de Lewis Carroll era la celebración de los días de “no cumpleaños”. Siempre encontré genial que alguien pudiera celebrar todos los días jugando con amigos, recibiendo regalos y comiendo torta.

Estoy en Estados Unidos estas últimas dos semanas y mirando noticias locales me enteré de algo digno de las aventuras de Alicia, que pone de manifiesto lo frágil que puede ser una democracia y la necesidad de que todos cooperemos a cuidarla cuando tenemos la suerte de vivir en una (una rareza histórica y geográfica) y no en alguna autocracia (la normalidad de la humanidad).

Usted se habrá preguntado cómo es posible que el presidente de EE.UU. pudiera establecer a su antojo, de un día para otro, derechos de aduana sobre todo lo que se mueve en la Tierra, desde sus amigos más cercanos como Canadá y Reino Unido, hasta China, Chile y algunas islas ignotas habitadas por pingüinos. Es raro, nos dijimos en nuestra oficina, hay tratados de libre comercio con muchos países que no pueden ser ignorados, estos temas requieren leyes, no decretos del presidente de turno, y seguramente debe haber algún contrapeso. Una democracia no funciona así.

Había una explicación. En EEUU desde el año 1976 existe la Ley de Emergencia Nacional (NEA), que en situaciones de emergencia otorga facultades excepcionales al Presidente. Esto requiere una declaración de la emergencia por el Ejecutivo, la cual debe informar al Congreso. Los poderes excepcionales son acotados en el tiempo y el sistema supone que el Congreso puede terminar con ellos mediante resolución.

Este es el contrapeso político. Aunque la ley no lo dice, esto se pensó y escribió para casos especiales, lo que usted y yo entendemos como una verdadera emergencia: catástrofes naturales, plagas, una pandemia, una invasión extraplanetaria. Tal es así que la parte administrativa de este sistema se aplica también para el caso de declaración de guerra.

Pues bien, el presidente Trump no había terminado de mudarse a la Casa Blanca y ya tenía firmada una declaración de emergencia: una “emergencia económica nacional”. Aquí ya hay algo extraño, uno circula por este país y el empleo sigue en niveles altísimos, hasta enero su economía era la envidia de la OECD. Cierto, tienen una deuda pública gigantesca y Republicanos y Demócratas en un ejercicio común en política han jugado a patearla para más adelante. Pero nadie diría que EE.UU. estaba en una emergencia, el sentido natural de la palabra no da para eso.

El Senado entró en acción y luego de un mes de discusiones finalmente unos días atrás aprobaron una resolución en la que declararon (algo es algo) que no había Emergencia Económica con Canadá. La resolución pasó entonces a la Cámara (House se dice acá) para su discusión, donde tenía altas posibilidades de ser confirmada y debía ser votada dentro de 15 días desde su ingreso. Pero aquí pasamos al País de las Maravillas.

El presidente de la Cámara (Speaker of the House), Mike Johnson, se las arregló para aprobar una regla que dice que para efectos de la NEA ya no hay más días calendario, que estamos viviendo en un único y largo día, que no está claro cuándo terminará y, por tanto, no está corriendo el plazo para que se vote la resolución que corte el poder del Presidente Trump.

Increíble, usted dirá que no es verdad. Le informo que es peor aún, que esto no es maldad de un republicano fanático de su presidente y poco amigo del estado de derecho. Más o menos la misma idea ha sido usada por Demócratas y Republicanos en varias ocasiones, incluyendo durante el COVID (donde de verdad había una emergencia).

Así es, esto pasa cuando las instituciones no se respetan y la “viveza” se impone. A la vuelta de la esquina la viveza se vuelve en una maldición que golpea de vuelta.

Traigo el tema a colación porque todos somos testigos en tiempo real del deterioro rápido de las instituciones que conforman la democracia más antigua y poderosa de occidente. Algo que pensábamos que era imposible de pronto se ve como un riesgo real. Y si eso ocurre en Estados Unidos, bien vale la pena mirar lo que ocurre en Chile, porque nuestra democracia también puede erosionarse si seguimos “avivándonos” con nuestras instituciones.

En estos días lo que me impresiona por la analogía que representa es el lamentable caso de la caída de la ex senadora Isabel Allende luego de una decisión del Tribunal Constitucional (TC). No me impresiona su caída, sino los ataques al TC. Este está ahí para asegurarse que se respete la Constitución por quienes deben cumplirla, el Ejecutivo, el Congreso, todos sus integrantes. El TC es una institución fundamental para cuidar los equilibrios y contrapesos y asegurar que todas las personas sean iguales ante la ley. Veamos qué es lo que pasó.

1.La ex senadora junto a otras personas dueñas de la antigua casa del Presidente Allende celebraron un contrato por el que vendieron el inmueble al Estado. El contrato lo firmó por la vendedora su abogado facultado al efecto. Se acordó el precio y quedó pendiente el pago y la inscripción de propiedad mientras se cumplían las formalidades… hasta que la noticia llegó al público.

2.El artículo 60 de la Constitución dice: “Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado” … “La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona”.

3.Parlamentarios de oposición presentaron un requerimiento al TC pidiendo que, sobre la base de lo anterior, se aplicara la destitución, y el TC acogió la solicitud. A la fecha que escribo esto, no se conoce aún el contenido de la resolución, solo la decisión.

Desde luego es muy penoso que la hija de Salvador Allende termine su larga carrera como legisladora de esta manera. También lo es todo el manoseo que ha sufrido la Fundación Salvador Allende. Pero la verdad, lo más lamentable es cómo incurrieron en semejante contrato ignorando la norma constitucional que no podía ser más clara y lógica. Esto es especialmente grave en el caso del Ejecutivo, donde un ejercito de abogados o egresados de derecho promovió y revisó todo, hasta la firma de la escritura.

Pero ese no es el punto de mi columna hoy. Mi preocupación es el ataque que ha sufrido el TC. Dos críticas me parecen simplemente inaceptables. Una es la que han hecho voceros del PS dolidos con dos “miembros del FA” del TC, quienes los traicionaron con su decisión. Como si los ministros del TC pudieran tener propietario a quien responder en vez de ser jueces que deben cuidar la aplicación de la Constitución.

La otra, del presidente del PC, que ha señalado que le parece el colmo que haya una institución que pueda destituir a una persona elegida por el pueblo. Es triste ver que el presidente de un partido de gobierno diga en el fondo, que le parece el colmo que la Constitución tenga una norma que prohíbe a un senador contratar con el Estado y que haya un tribunal que la haga cumplir.

El artículo 60 está ahí para proteger a los senadores y diputados, quienes por definición tienen poder político. Si no existiera esta regla habría que ver en juicios sobre tráfico de influencia o corrupción sus tratos con el Estado. La prohibición de contratación es una regla de higiene política, que en forma drástica, clara y conocida aleja la tentación de la manzana de la mano de los parlamentarios.

Cuidemos nuestro Tribunal Constitucional. Su labor es un contrapeso necesario a las debilidades de quienes ejercen el poder. Es un recordatorio de la responsabilidad con el pueblo al que deben servir.