Narcoagricultura, la cara rural del crimen organizado

El verano es una época propicia para que quienes vivimos en urbes densamente pobladas podamos recorrer lugares alejados de las grandes ciudades y admirar los magníficos paisajes que nos regala la cambiante geografía del país. Pero noticias recientes dan cuenta de que, lamentablemente, las bandas delictuales hace tiempo que pusieron su atención en valles y quebradas cordilleranas de la zona central del país para llenarlas de cultivos ilegales de marihuana.

Se trata de otra forma de la penetración del crimen organizado en nuestro país, que ya no solamente vive de asaltos, extorsiones, portonazos, trata de personas y tomas de terrenos o inmuebles. Ahora están capturando terrenos en zonas rurales, contratando jóvenes lugareños como soldados y vigilantes de los cultivos ilegales, presionando o amenazando muchas veces a los dueños de los predios para asegurar su silencio, proveyendo armamento y munición a personas que se suman a sus bandas y generando pingües ganancias con el tráfico y venta de esta droga en el país.

Se trata de un fenómeno explosivo por la velocidad con que crece. Hace cinco años casi no había grandes cultivos de marihuana en el país, pero en poco tiempo este negocio de alta rentabilidad se extendió por valles cordilleranos. Si hace cinco años se decomisaban 90 mil plantas en 12 meses, el año pasado la cifra saltó a 718 mil plantas. Pocos negocios tienen esa tasa de crecimiento en nuestro país. En rigor, ninguno.

De acuerdo con un reportaje reciente de “El Mercurio”, entre 2022 y 2024 se incautaron 12 toneladas de cannabis sativa procesada, cayeron 12 bandas, incluyendo algunas dirigidas por colombianos y por chinos, y se detuvo a 138 personas relacionadas con este negocio ilícito. La mayor parte de esta “narcoagricultura” se concentra entre las regiones de Coquimbo y Ñuble.

Hace casi dos años, en mayo de 2023, el Presidente Gabriel Boric promulgó la nueva ley antinarcotráfico destinada principalmente a fortalecer la lucha contra el cultivo y venta de marihuana. Según dijo el Presidente en la promulgación, “esta ley fortalece la persecución de la ruta del dinero tras el narco y el crimen organizado”. Sin embargo, pasa el tiempo y el fenómeno sigue creciendo a vista y paciencia de las autoridades, y el Estado se ve superado en este ámbito. En palabras del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, “existe impunidad en sectores rurales respecto al crimen organizado”.

Chile no requiere más leyes contra el narcotráfico ni declaraciones de mano dura, sino una política efectiva de persecución y desarticulación de las bases del negocio. Y debe hacerse pronto, con sentido de urgencia.

La extensión de este fenómeno de cultivos ilegales de droga y la generación de incentivos perversos en áreas rurales son altamente preocupantes. Tener territorios extensos bajo el control de mafias es el primer paso hacia destinos de alta violencia, como ocurre en Colombia o México, entre otros. Sacar de las escuelas y liceos rurales a adolescentes para que sean cuidadores de estos cultivos, involucrar a familias enteras de lugareños y extorsionar a propietarios de terrenos para asegurarse silencio son prácticas nuevas y muy peligrosas, que evocan lo ocurrido en otros países de la región.

Se requiere con urgencia desplegar una política integral para enfrentar el fenómeno, que incluya, entre otras, más inteligencia policial, más drones operativos, más presencia policial sobre el terreno, más control en los caminos rurales y más decisión de atajar el fenómeno en coordinación con alcaldes, agrupaciones de agricultores, delegados presidenciales y gobernadores de las regiones más afectadas. El uso de tecnología digital debiera ser una herramienta esencial en la consecución de dichos objetivos.

El cultivo y tráfico ilegal de marihuana se está convirtiendo en una bomba de tiempo que amenaza con hacer estallar la tranquilidad de nuestras áreas rurales. Chile aún está a tiempo de detenerla, pero el ritmo de esta batalla debe intensificarse, o la perderemos.

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