Contribución de Bofill Escobar Silva en la guía Bribery & Corruption 2025 de Legal 500

Legal 500 publicó recientemente una nueva edición de su serie Country Comparative Guides, dedicada al tratamiento jurídico de los delitos de soborno y corrupción en diversas jurisdicciones. En representación de Bofill Escobar Silva Abogados, los socios Jorge Bofill y César Ramos participaron como autores del capítulo correspondiente a Chile.

El texto entrega un análisis del marco legal vigente, incluyendo las principales disposiciones del Código Penal, la Ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, y los recientes cambios introducidos por la Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos.

Se detallan los delitos más relevantes, como cohecho, malversación de fondos públicos, fraude al fisco y negociación incompatible, así como los elementos que configuran la responsabilidad penal tanto de personas naturales como jurídicas.

Uno de los aspectos centrales del capítulo es la forma en que el ordenamiento jurídico chileno ha incorporado nuevas herramientas para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción. Entre ellas destacan los programas de cumplimiento como eximentes de responsabilidad penal, la figura de la cooperación eficaz y los mecanismos de decomiso de activos. 

Asimismo, se abordan las reformas que han robustecido la capacidad persecutoria del Ministerio Público, como la Ley N° 21.694, y los desafíos institucionales que persisten para una respuesta efectiva ante la corrupción, en especial en el ámbito subnacional.

La publicación también examina el impacto de los tratados internacionales ratificados por Chile en esta materia, así como los criterios jurisprudenciales y doctrinarios que han ido delineando los contornos de estos ilícitos. Finalmente, se reflexiona sobre las dificultades prácticas que afrontan las empresas en la implementación de modelos de prevención eficaces y el creciente escrutinio sobre su conducta corporativa.

La participación de nuestro estudio en esta entrega confirma el compromiso del estudio con el desarrollo de estándares normativos que fortalezcan la integridad pública y privada, y su activa contribución al debate jurídico comparado en materias de alta complejidad.

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