Reguladores en acción. Por Javier Cortés

Durante el 2024 los entes reguladores y fiscalizadores estuvieron particularmente activos, dejando algunos hitos donde destacan los medios utilizados en los procesos de fiscalización, las materias abordadas y en algunos casos la magnitud de las sanciones aplicadas. Revisemos algunas de las acciones más destacadas del año que termina.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha continuado velando activamente por el adecuado funcionamiento del mercado de capitales supervisando el cumplimiento regulatorio de la gestión y la calidad de la información que proporcionan quienes participan del mercado, especialmente de los administran inversiones de terceros. 

Recordemos que el año 2023 el regulador aplicó multas y canceló la inscripción de la corredora STF, por incumplir gravemente las normas que regulan el mercado de valores. En esta misma línea, hace pocos días suspendió los aportes a fondos de Sartor AGF por considerar que incurrió en deficiencias relevantes en su gestión y le ordenó abstenerse de realizar inversiones en instrumentos, contratos y bienes emitidos por personas relacionadas. La CMF detectó que una parte relevante de los recursos de los fondos mutuos y de inversión públicos administrados se destinaron a financiar créditos en favor de personas vinculadas a los directores y accionistas mayoritarios de la administradora, lo que implica un posible conflicto de interés considerando que dichos fondos deben administrarse exclusivamente en beneficio de sus aportantes.

En junio de este año, la CMF canceló a 51 administradoras de fondos de inversión privados, eliminándolas del registro de entidades informantes por no haber administrado fondos durante los 12 meses anteriores. 

También la CMF ha estado particularmente rigurosa en sancionar algunas operaciones que no afectan sustancialmente el funcionamiento del mercado de valores ni generan beneficios para los involucrados, pero que sin embargo, constituyen una infracción formal. Este es el caso de algunos directores de Quiñenco S.A., por realizar, de forma indirecta y aparentemente sin advertirlo, transacciones de valores dentro de los 30 días anteriores a la divulgación de los estados financieros, pese a que dichas operaciones se produjeron en un contexto de simplificación de la estructura de la malla societaria de parte del grupo y estaban destinadas a mejorar el gobierno Corporativo y la gestión de activos, entre otros. Otro ejemplo fue la multa a Transbank S.A. por implementar un mecanismo para integrar sus sistemas y permitir la emisión de boletas de ventas electrónicas a clientes de Transbank, actividad que se apartaba de su giro exclusivo.

Recordemos que una de las principales iniciativas estratégicas de la CMF para el período 2023-2026 es el diseño y ejecución de un plan para la incorporación de tecnología al proceso de supervisión de conducta de mercado (Suptech), fortalecer las herramientas tecnológicas para la supervisión de integridad y transparencia. Lo anterior, dado el volumen de información que se debe analizar, lo que ha generado el uso intensivo de softwares estadísticos y lenguajes de programación (como Python y R), para lo que han capacitado a sus equipos. Esto permite analizar información con datos no estructurados (como reglamentos internos de fondos y memorias anuales) y conseguir datos que sin dicha tecnología es una labor difícil y lenta. Para ello la CMF está utilizando programas de inteligencia artificial que permiten generar y reconocer textos a partir de grandes cantidades de información (Large Language Models).

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) obtuvo la aprobación de un acuerdo ante el TDLC por infracción de un director, Cencosud y Asesorías Alpa, con el que se puso término a una investigación por infracción a la prohibición de interlocking horizontal, esto es, la participación simultánea de una persona en cargos de director o ejecutivo relevante en dos o más empresas competidoras. El Fiscal Nacional Económico señaló que con este acuerdo se “envía un potente mensaje a empresas, directivos y ejecutivos. Primero, que sepan que la FNE se está desplegando proactivamente para velar por el cumplimiento de la prohibición de interlocking horizontal y, segundo, que consideren que ésta debe ser cumplida de manera estricta por todos sus destinatarios conforme a su genuino sentido y alcance”.

La misma FNE presentó un requerimiento contra Dreams, Enjoy, Marina del Sol y contra cinco altos directivos de estas empresas acusándolos por haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de casinos realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos durante los años 2020 y 2021. El requerimiento sostiene que las empresas actuaron como un cartel ofertando sólo para renovar los permisos vigentes de cada una, consiguiendo adjudicárselos en condiciones más convenientes que las que hubieran obtenido en una situación de competencia.

Destaca en este requerimiento que se aplicaron multas equivalentes a US$ 151,9 millones, tanto a las empresas como a sus directores y ejecutivos. Lo más novedoso, sin embargo, es que se solicitó poner término de los permisos renovados a las empresas involucradas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera perseguirse.

De esta forma, las sanciones solicitadas son las más elevadas registradas en un requerimiento por colusión, superando ampliamente las multas pedidas en los casos “Pollos”, “Navieras”, “Supermercados” y “Alimento para salmones”.

El nuevo Director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, anunció que su administración pondrá énfasis en una nueva estrategia de fiscalización, a propósito de las nuevas facultades que la Ley de Cumplimiento Tributario le otorga al organismo fiscalizador para combatir la evasión, el comercio ilícito y el crimen organizado. Entre éstas destacan modificaciones a la Norma General Antielusiva, la fiscalización de grupos empresariales, la fiscalización en terreno, la reactivación de controles carreteros al transporte de carga, además la aplicación de herramientas tecnológicas.

Para combatir el crimen organizado se utilizará el procedimiento judicial simplificado para el levantamiento del Secreto Bancario; se obligará a vendedores de artículos usados a identificar sus abastecedores; y las ventas superiores a 135 UF deberán identificar al comprador. En este contexto, se creó la oficina de Crimen Organizado para perseguir la evasión tributaria en el “mercado” de robo de automóviles, madera, salmones, abastecedores del comercio ambulante, cables de cobre, entre otros. 

Durante el 2024 el SII ha aumentado la persecución penal de delitos tributarios, al interponer querellas contra bandas criminales por operaciones vinculadas con la compra de criptomonedas, extracción de madera, emisión y uso de facturas falsas, entre otros. Se trata de 176 querellas en lo que va del año, por un monto estimado de $144.968 millones, prácticamente el doble del año pasado.

El propio Estado ha estado también bajo el ojo fiscalizador, ya que la Contraloría General de la República, ha sido muy activa en diversas áreas. Por ejemplo, ha fiscalizado: irregularidades financieras en el Fondo Nacional de Salud (FONASA) por más de $336 mil millones; a la Universidad de la Frontera por los elevados sueldos que tendrían algunos directivos y académicos y por eventuales problemas financieros y presupuestarios;   irregularidades en el área municipal, empresas, salud y medioambiente, entre otros, en los que detectó irregularidades por más de $2,1 billones. 

En una acción poco usual, el órgano contralor fiscalizó también la protección del Campo Dunar de Concón, determinando que la Municipalidad de Concón y el Seremi de Medioambiente no han cumplido con sus obligaciones, ordenando que ambas elaboren un plan de trabajo para implementar las acciones que permitan dar cumplimiento al Plan de Manejo del Campo Dunar.

En suma, nuestra noticia destacada del año 2024 es la actividad particularmente intensa que están teniendo nuestras instituciones reguladoras y fiscalizadoras, actividad que obliga a poner especial atención en el cumplimiento de las normas, tanto en el fondo como en la forma.

Javier Cortes, asociado estudio jurídico Bofill Escobar Silva Abogados